Desalojos en Nuevo Alberdi
Después de tres años de trabajo institucional entre la Municipalidad de Rosario y la Asamblea Popular Nuevo Alberdi Oeste, sucedió lo que veníamos denunciando. Las obras de ensanche del canal Ibarlucea no contemplaron que a la vera viven y trabajan 50 familias. La Municipalidad volvió a desoír a la Asamblea, quien a lo largo de estos tres años enfatizó como necesaria la relocalización de esas familias, quienes hoy se encuentran amenazadas de desalojo.
50 familias que habitan la vera del canal Ibarlucea (en barrio Nuevo Alberdi) se vieron amenazadas de desalojo en días de la semana pasada. Las obras que se venían llevando a cabo en el canal se aceleraron notoriamente durante estos últimos tiempos. La maquinaria llegó a terrenos donde están construidas casas y hornos de ladrillo para seguir “ensanchando el canal”. Al no haber personal municipal, los vecinos de Nuevo Alberdi se encontraban en la indeseable situación de tener que dirimir su permanencia en un barrio con trabajadores que iban al territorio con órdenes a cumplir.
La Asamblea Popular Nuevo Alberdi Oeste, que nace a partir del conflicto de la vivienda en tal barrio, lleva 3 años de trabajo conjunto con la Municipalidad, donde se acordó en reiteradas ocasiones que la obra es indispensable para evitar nuevas inundaciones. Pero también en reiteradas ocasiones hemos acordado que las familias afectadas por estas obras debían ser relocalizadas, cosa que no sucedió.
A la par, en la misma semana se reiteraron las presiones a vecinos de la Zona Rural para que desalojen los terrenos que habitan. Se repitieron una vez más las visitas de representantes de empresas privadas con el fin de negociar la ida de algunas familias. Otra vez, lamentablemente, sucedió lo que veníamos denunciando.
Es así que en la Asamblea realizada el sábado pasado, ante el avasallamiento permanente de las maquinas sobre las viviendas, se resolvió no dejar avanzar las obras hasta que no se resuelva el futuro habitacional y laboral de las familias. Además se convocó a la directora de distrito norte para realizar mañana a las 9.30 de la mañana una reunión en el mismo lugar donde hoy se están produciendo los avances de las maquinas. (Bouchard y canal Ibarlucea) La funcionaria se comprometió a asistir con respuestas que llevan más de 3 años de atraso.
Además vale la pena recordar que esta obra es la que permite la realización del mega proyecto privado de country y que sentencia la especulación inmobiliaria que venimos denunciando. En este sentido Giros y la Asamblea todavía esperan la respuesta del municipio, no solo de frenar los desalojos sino también la aceptación o no de la propuesta técnica que se le presentó a fines de año pasado que consistía en un proyecto de vivienda autofinanciable. Este proyecto, que fue diseñado por Giros y la Asamblea, proponía la utilización pública de todo el sector hoy en disputa y brindaba una solución habitacional integral para más de 1000 familias.
Esta iniciativa (que anexamos: ver+) fue puesta a disposición del municipio en el espacio institucional que se generó post acampe, y donde asistían el secretario general José Garibay y el sub secretario de planeamiento Raúl Álvarez . Este último se mostró muy interesado en la propuesta, que proponía un sistema inédito de gestión publico-publico, y se comprometió a llevar la propuesta a sus mandos superiores: Mirta Levin y Miguel lifschitz. Como era de esperar, la repuesta nunca llego.
La vivienda como política de estado
Exigimos detalles sobre el proyecto de 1.500 viviendas
Ante el anuncio del Intendente, creemos realmente importante que se explique en detalle cómo esta planificado el proyecto y en base a qué diagnóstico. Que se aclaren los tiempos de realización y las áreas afectadas por tal obra. Y sobre todo, que se haga claro lo que piensa hacer el Ejecutivo Municipal con las familias afectadas por las obras en Nuevo Alberdi.
En momentos tan cercanos a elecciones, la pirotecnia electoral suele servirse de temas estructurales. La vivienda suele ser uno de estos: superficialmente se habla de temas sensibles y se hacen declaraciones muchas veces con fundamentos poco claros. Pueden servir de ejemplo las recientes declaraciones de Lifschitz acerca del déficit habitacional en la ciudad: el Intendente estimó que son entre “20 y 25 mil familias quienes viven en condiciones precarias en Rosario”.
Este hecho llamó profundamente nuestra atención ya que los números oficiales que se manejan en cuanto a déficit habitacional en Rosario, son muy distintos a los que se expresaron en las declaraciones de las últimas horas. El último estudio serio hecho en la ciudad sobre este tema particular (realizado por el Banco Municipal) arroja otra cifra: según este estudio son 36 mil las familias que viven en tales condiciones. Con una salvedad importante: el estudio es del año 1994. ¿Quiere decir que según el Intendente las familias que habitan en condiciones de precariedad se han reducido drásticamente?
A esto se le suma que hace apenas unos meses, cuando otra vez salió en los medios el tema, fueron los propios funcionarios municipales (el Intendente y el secretario de promoción social) quienes ante la pregunta de cuántas son las familias con déficit, contestaron en base al estudio del 94 del banco municipal y que a eso le sumaban una actualización del 2002, por lo que el número final superaba ampliamente las 40 mil familias.
¿Qué pasó en este breve lapso de tiempo? Esperamos que sólo se trate de un error, y que no estemos ante la manipulación de cifras y estadísticas con fines meramente electorales. En cualquier caso, este hecho merece una urgente aclaración al tratarse de un tema tan sensible como la vivienda. Finalmente se hace otra vez visible como la problemática estructural de la vivienda sigue huérfana de una política de estado seria, a largo plazo y comprometida con los sectores más postergados de esta, una ciudad fragmentada.
Adjuntamos también una nota a Giros publicada hace dos domingos en Rosario/12, donde proponemos una alternativa distinta para abordar el deficit habitacional y la disputa por la periferia en Rosario:
ver nota
Después de tres años de trabajo institucional entre la Municipalidad de Rosario y la Asamblea Popular Nuevo Alberdi Oeste, sucedió lo que veníamos denunciando. Las obras de ensanche del canal Ibarlucea no contemplaron que a la vera viven y trabajan 50 familias. La Municipalidad volvió a desoír a la Asamblea, quien a lo largo de estos tres años enfatizó como necesaria la relocalización de esas familias, quienes hoy se encuentran amenazadas de desalojo.
50 familias que habitan la vera del canal Ibarlucea (en barrio Nuevo Alberdi) se vieron amenazadas de desalojo en días de la semana pasada. Las obras que se venían llevando a cabo en el canal se aceleraron notoriamente durante estos últimos tiempos. La maquinaria llegó a terrenos donde están construidas casas y hornos de ladrillo para seguir “ensanchando el canal”. Al no haber personal municipal, los vecinos de Nuevo Alberdi se encontraban en la indeseable situación de tener que dirimir su permanencia en un barrio con trabajadores que iban al territorio con órdenes a cumplir.
La Asamblea Popular Nuevo Alberdi Oeste, que nace a partir del conflicto de la vivienda en tal barrio, lleva 3 años de trabajo conjunto con la Municipalidad, donde se acordó en reiteradas ocasiones que la obra es indispensable para evitar nuevas inundaciones. Pero también en reiteradas ocasiones hemos acordado que las familias afectadas por estas obras debían ser relocalizadas, cosa que no sucedió.
A la par, en la misma semana se reiteraron las presiones a vecinos de la Zona Rural para que desalojen los terrenos que habitan. Se repitieron una vez más las visitas de representantes de empresas privadas con el fin de negociar la ida de algunas familias. Otra vez, lamentablemente, sucedió lo que veníamos denunciando.
Es así que en la Asamblea realizada el sábado pasado, ante el avasallamiento permanente de las maquinas sobre las viviendas, se resolvió no dejar avanzar las obras hasta que no se resuelva el futuro habitacional y laboral de las familias. Además se convocó a la directora de distrito norte para realizar mañana a las 9.30 de la mañana una reunión en el mismo lugar donde hoy se están produciendo los avances de las maquinas. (Bouchard y canal Ibarlucea) La funcionaria se comprometió a asistir con respuestas que llevan más de 3 años de atraso.
Además vale la pena recordar que esta obra es la que permite la realización del mega proyecto privado de country y que sentencia la especulación inmobiliaria que venimos denunciando. En este sentido Giros y la Asamblea todavía esperan la respuesta del municipio, no solo de frenar los desalojos sino también la aceptación o no de la propuesta técnica que se le presentó a fines de año pasado que consistía en un proyecto de vivienda autofinanciable. Este proyecto, que fue diseñado por Giros y la Asamblea, proponía la utilización pública de todo el sector hoy en disputa y brindaba una solución habitacional integral para más de 1000 familias.
Esta iniciativa (que anexamos: ver+) fue puesta a disposición del municipio en el espacio institucional que se generó post acampe, y donde asistían el secretario general José Garibay y el sub secretario de planeamiento Raúl Álvarez . Este último se mostró muy interesado en la propuesta, que proponía un sistema inédito de gestión publico-publico, y se comprometió a llevar la propuesta a sus mandos superiores: Mirta Levin y Miguel lifschitz. Como era de esperar, la repuesta nunca llego.
La vivienda como política de estado
Exigimos detalles sobre el proyecto de 1.500 viviendas
Ante el anuncio del Intendente, creemos realmente importante que se explique en detalle cómo esta planificado el proyecto y en base a qué diagnóstico. Que se aclaren los tiempos de realización y las áreas afectadas por tal obra. Y sobre todo, que se haga claro lo que piensa hacer el Ejecutivo Municipal con las familias afectadas por las obras en Nuevo Alberdi.
En momentos tan cercanos a elecciones, la pirotecnia electoral suele servirse de temas estructurales. La vivienda suele ser uno de estos: superficialmente se habla de temas sensibles y se hacen declaraciones muchas veces con fundamentos poco claros. Pueden servir de ejemplo las recientes declaraciones de Lifschitz acerca del déficit habitacional en la ciudad: el Intendente estimó que son entre “20 y 25 mil familias quienes viven en condiciones precarias en Rosario”.
Este hecho llamó profundamente nuestra atención ya que los números oficiales que se manejan en cuanto a déficit habitacional en Rosario, son muy distintos a los que se expresaron en las declaraciones de las últimas horas. El último estudio serio hecho en la ciudad sobre este tema particular (realizado por el Banco Municipal) arroja otra cifra: según este estudio son 36 mil las familias que viven en tales condiciones. Con una salvedad importante: el estudio es del año 1994. ¿Quiere decir que según el Intendente las familias que habitan en condiciones de precariedad se han reducido drásticamente?
A esto se le suma que hace apenas unos meses, cuando otra vez salió en los medios el tema, fueron los propios funcionarios municipales (el Intendente y el secretario de promoción social) quienes ante la pregunta de cuántas son las familias con déficit, contestaron en base al estudio del 94 del banco municipal y que a eso le sumaban una actualización del 2002, por lo que el número final superaba ampliamente las 40 mil familias.
¿Qué pasó en este breve lapso de tiempo? Esperamos que sólo se trate de un error, y que no estemos ante la manipulación de cifras y estadísticas con fines meramente electorales. En cualquier caso, este hecho merece una urgente aclaración al tratarse de un tema tan sensible como la vivienda. Finalmente se hace otra vez visible como la problemática estructural de la vivienda sigue huérfana de una política de estado seria, a largo plazo y comprometida con los sectores más postergados de esta, una ciudad fragmentada.
Adjuntamos también una nota a Giros publicada hace dos domingos en Rosario/12, donde proponemos una alternativa distinta para abordar el deficit habitacional y la disputa por la periferia en Rosario:
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